La manipulación de las víctimas del franquismo

«El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla». Manuel Vicent.

«Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios». Lucas, 9:60.

Cuando en 1948 la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 países se abstuvieron: Arabia Saudí –con larga tradición en no ratificar acuerdos de este tipo-, la Sudáfrica del recién elegido presidente afrikáner Daniel Malan, un reconocido impulsor del Apartheid, y la URSS de Stalin, junto a otros cinco países de su órbita de influencia. También fueron dos los que se ausentaron de la votación: Yemen, cuyo rey, Ahmad bin Yahya, fue apodado como El Diablo, y la Honduras del nuevo presidente electo Juan Manuel Gálvez, antiguo Ministro de la Guerra durante la Dictadura de Tiburcio Carías.

Ese mismo año, distando nueve del último parte del 1 de abril de 1939, cesaba el Estado de Guerra en una España que ya fue condenada el 12 de diciembre de 1946 por la ONU, “convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España, impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales dio ayuda material durante la guerra, no representa al pueblo español”. Con el Caudillo excluido de toda escena internacional (no se incorporó hasta 1955 a ésta) y campo abierto para llevar a cabo el denominado por Paul Preston como Holocausto español, miles de serviles acólitos carniceros llenaban a diario el territorio de fosas, fusilados, sangre, encarcelados, llantos y miseria[1].

En el Palacio de Chaillot (París, Francia) se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.

De los 30 artículos que componen la Declaración Universal, casi con total seguridad el régimen de Franco no cumplió ni con uno solo, por lo que cabe preguntarse: ¿son conscientes quiénes piden paz para la dictadura[2] de lo que eso implica? ¿Por qué prefieren seguir tapando sus ojos y vivir en la Historia de los vencedores y verdugos, comportándose como gente sin alma, como ciudadanos que –permítanme que esboce una tibia sonrisa irónica- repiten con tozudez una letanía infantil, imaginaria y huérfana de toda verdad sobre la Guerra Civil? Cabe preguntarse, entre tanto, ¿por qué tanto gozo en chapotear en ese barro tan indigno?

España está llena de gente buena, solidaria, cristiana, bondadosa, instruida, amable… ¿por qué no para con las víctimas del franquismo, las grandes olvidadas durante años? Quizás haya llegado la hora de hacer un escueto balance crítico –quizás sea uno de los primeros y público- porque nada es infalible ni nada es inamovible. Las personas, con sus debilidades y anhelos pueden equivocarse y transitar caminos que nadie más quiere seguir.

Una parte de la ciudadanía confunde –muchas veces- la acción política partidista con las reivindicaciones legítimas y necesarias en materia de derechos humanos, estableciéndose habitualmente una voz única y uniforme sobre la que no caben más discursos ni posiciones, terreno en el cual nacen algunos estereotipos que distan mucho de la diversidad real: muchas de las víctimas ni tenían bandera, ni tenían afiliación política, ni tampoco ningún carnet sindical… ni en un bando ni en otro.

Obviamente, los muertos del bando franquista ya recibieron en su momento el reconocimiento, homenaje y reparación, por lo que sus heridas están totalmente cerradas, si bien, la crueldad y la barbarie cometida sobre ellos no podrá borrarse jamás. Son también víctimas, recuérdenlo siempre, y nunca nadie debiera o podrá negarlo; hacerlo es un acto también de crueldad, aunque hayan muerto defendiendo posiciones que pudieran parecernos criminales y antepuestas a los valores democráticos. Y también, por qué no decirlo, muchos de ellos no murieron a manos de la Republica legítima, ni en los frentes de guerra, sino a manos de pistoleros y comités populares que actuaban al margen de la legalidad republicana y por tanto, al margen de ésta.

Eleanor Roosevelt, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con el texto promulgado.

El art. 2 señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Además, según el art. 3 “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio […]”. Como las interpretaciones y las matizaciones pueden ser infinitas, podríamos decir que, en Memoria Histórica, para que existan víctimas sólo se necesitan verdugos. ¿Para qué colocar sobre ellas nuestra bandera?

La mayoría de las asociaciones, organizaciones o movimientos de Memoria Histórica están, digámoslo claro, vinculadas o articuladas desde el compromiso político a los partidos de izquierda o centro-izquierda. Podíamos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que en un 80% lo son a Izquierda Unida(IU)-Podemos, en un 10% al PSOE; el resto, probablemente, a partidos nacionalistas o regionalistas. Ninguna pertenece al centro-derecha o a la derecha, pues su constante oposición a la necesidad de la Ley de 2007 no parece óbice para moverse e implicarse en favor de ésta. Lo que sí perviven son asociaciones pro-franquistas y pro-golpistas, como la Fundación Francisco Franco, un ente que estaría prohibido en cualquier país democrático de occidente por enaltecer la figura de un dictador y su oscuro legado.

El Golpe de Estado del 23F (1981) condicionó la acción de los gobiernos posteriores. En la imagen: Antonio Tejero subido en la tribuna del Congreso de los Diputados.

La década de 1980 fue difícil para España: llena de cambios, huelgas, problemas sociales y muchos asuntos que hoy siguen sin resolver (reparto equitativo de la riqueza, separación de poderes, ordenación del territorio, nacionalismos, etc.). El PSOE, que no supo dar respuesta a todos los desafíos que tenía sobre la mesa, tras el 23F estuvo condicionado a la hora de gobernar[3]. En ese sentido, pensamos que fue una decisión política aparcar los temas de Memoria Histórica, un tema que podría provocar problemas serios con un Ejército y unas Fuerzas de Seguridad con rémoras franquistas evidentes; el propio Narcís Serra, Ministro de Defensa del primer gobierno socialista, afirmaba que “quedaba claro que había que resolver el problema del golpismo y ésa era la primera prioridad de todas, sin la cual ninguna de las demás podía realizarse”. El hispanista Ian Gibson, no obstante, cree que el PSOE fue cobarde[4] y que, de alguna manera, olvidó a las víctimas. Otros, como el Ministro de Administración Territorial de ese primer gobierno, Tomás de la Quadra, afirmaba que en temas de autonomismo incluso se “fue más allá que la Segunda República”[5].

Apartadas de la agenda política hasta la llegada al gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2004 (recordemos las dos legislaturas de José María Aznar y la derecha entre 1996-2004), muchas de las víctimas incluso habían desistido ya a pedir justicia y reparación porque el abandono era total e inmisericorde transcurridos 68 años. Tampoco era un tema periodístico, salvo algún artículo o reportaje motivado por la actividad de las asociaciones de Memoria Histórica y el tesón de algún familiar; no era un tema que estuviera en la calle, como tampoco se hacía nada o casi nada con verdadero calado allí donde la más reivindicativa Izquierda Unida gobernaba: Córdoba es el mejor ejemplo. Antes de 2007 las víctimas del franquismo estaban en un segundo plano e invisibilizadas, como lo estuvieron las del colectivo LGTB y de la violencia machista[6] hasta fechas recientes.

Su visualización, al darles nombre y apellidos a los cadáveres, al cuantificarlas y al desenmascarar a sus verdugos, llegó pronto al cenagal de la política. Un terreno lleno de fango al que el propio Rafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Congreso, en 2013 llegaba a afirmar lo que es un sentir común entre los, llamémoslos negacionistas: “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”[7]. Parece cruel vincular el olvido con el dinero como si de una oportunidad de negocio se tratase: España debería cumplir con las recomendaciones de la ONU[8] con el apoyo de todos los demócratas, de todos.

Guillermina Gómez, vecina de Posadas (Córdoba), víctima del franquismo e hija de fusilado. Su lucha en los Tribunales de Justicia llegó al Parlamento Europeo. Foto: Madero Cubero (Cordópolis)

La Ley 52/2007 (llamada de Memoria Histórica) regresó a un segundo plano con la llegada la crisis económica en 2008, y quedaría en suspenso –que no derogada- en 2011, cuando el PP y Mariano Rajoy ganó las elecciones con mayoría absoluta. El PSOE, que sufriría un castigo electoral importante, una crítica a su política y a su acercamiento al Poder (se popularizó el término bipartidismo para igualarlo al PP), perdió el gobierno y todas las políticas de la memoria quedaron, de alguna forma, recluidas en instituciones de menor rango: ayuntamientos y parlamentos autonómicos.

Durante los años 2008-2011, la derecha (también la mediática) atacó la política social de Rodríguez Zapatero, a al que se culpaba del desastre económico[9] por su fuerte inversión/despilfarro en asuntos sociales. También desde la izquierda se debilitó al gobierno, acusándolo de desmontar el estado del bienestar por los recortes presupuestarios y que, por cierto, afectaron poco a las ridículas partidas destinadas a la memoria; esto pese a que casi todas las leyes progresistas y sociales habían sido firmadas por un socialista.

Inmediatamente, por la falta de pedagogía y de comunicación realizada en esos años de crecimiento, la sociedad española también llegó a considerar las exhumaciones como un gasto innecesario, una excusa más que suficiente para que Mariano Rajoy sacase esa partida de los presupuestos[10], aunque el motivo principal, que nadie se lleve a engaño, era el ideológico.

La caída del PSOE también lo fue gracias al 15M y la movilización ciudadana –la de los llamados indignados-, que calaron con fuerza entre las izquierdas (es un germen esencial para entender el nacimiento de Podemos)[11], aunque en menor medida entre las derechas. Un hecho evidente en palabras del empresario catalán Josep Oliu, quién creyó oportuno crear “una especie de Podemos de derechas”, pues ni PP ni PSOE defienden la iniciativa privada en España[12]. Digamos que, sin entrar en detalles, Ciudadanos es al PP lo que Podemos es al PSOE.

Este movimiento social, sin embargo, no apareció de la nada, sino que se había gestado entre la extrema izquierda como una vía alternativa, también con un modelo de Estado distinto al establecido en la Constitución de 1978, y entre los desencantados con IU, a los que han abocaron a casi a su desaparición de las instituciones; fue entonces cuando decidieron coaligarse para las elecciones de 2016. Pero el grueso de los votos obtenidos en las elecciones de 2015-2016 se explica por el desencantado con el PSOE, cuyos votantes también mostraban el hartazgo con la situación socio-económica sobrevenida por la crisis y por la corrupción generalizada.

Llegados a este punto del artículo se preguntarán, ¿a qué viene ese resumen ligero de la política española de los últimos 40 años si se trata de Memoria Histórica y de hechos que ocurrieron hace ya 80? Efectivamente, la cuestión de las víctimas del franquismo ha ido tomando relevancia social y política con transcurso de los años, paradójicamente a medida que las personas que podrían ser beneficiarias de las políticas públicas iban muriendo y, también, a medida que las reivindicaciones urgentes de las izquierdas se iban diluyendo con la generalización del estado del bienestar.

La Memoria es útil para tener una visión histórica, aunque ésta no puede ni debe sustituir a la Historia. Una cosa son los recuerdos y los sentimientos asociados a éstos, y otra muy distinta qué ocurrió y como explicarlo. El oficio de escribir la historia debe prevalecer sobre la acción memorialista, que debe ocuparse, preferentemente, de la atención a las víctimas y no de la reinterpretación de lo que ha pasado en el último siglo en nuestro país | Rob Shenk

Efectivamente, la Memoria Histórica también depende de las políticas públicas y de una legislación que aborde con suficiencia todo lo que abarca. Por eso, ese compromiso político nace de la existencia del problema y de la demanda ciudadana, pero también de la voluntad para actuar y poner los medios necesarios. Y en este asunto, y a pesar de las críticas que pueden hacerse a las diferentes leyes estatales y autonómicas, lo cierto es sólo desde el gobierno pueden hacerse las leyes, y en este caso la izquierda protagonista en encajar el asunto en el marco legislativo actual ha sido el PSOE, primero de forma más tibia con la ley de 2007 y actualmente, por ejemplo, con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía aprobada el pasado 28 de marzo; una ley, no obstante, que se gestó en la legislatura anterior bajo la tutela de IU.

No cabe duda de la fuerza que tienen los movimientos sociales y las demandas que estos pueden plantear, pero sin leyes y sin reglamentos cualquier cuestión está sujeta a la arbitrariedad y a la opinión, uno de los grandes problemas con los que toparon las víctimas y las asociaciones memorialistas, cuyo esfuerzo titánico dinamitó los reductos tardo-franquistas de algunas instituciones.

Pero, ¿qué hacemos ahora? El reloj marca que estamos en el año 2017 y la mayoría de las víctimas y sus familiares en primer o segundo grado han fallecido. ¿Están los familiares en tercer o cuarto grado legitimados para reivindicar reparación o es ya un asunto circunscrito al oficio de escribir y contar la Historia? ¿Dónde colocar el límite para pedir verdad, justicia y/o reparación? El artículo 4.b de la ley andaluza define perfectamente lo que es una víctima:

«Víctimas: De conformidad con la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, son todas las andaluzas y andaluces que, por su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el período que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. De igual forma, y en los términos y alcance que se expresa en esta ley, se considerarán víctimas a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización»

La definición concreta de víctima terminó con una situación extraña por la que familiares se autodenominaban víctimas sin serlo, creando una confusión en el uso de los términos que en nada beneficiaban su causa; víctimas casi con la única razón de haber nacido y sufrido el franquismo en primera persona, como si no lo hubiera hecho gran parte de la sociedad española durante años, por cierto.

El gran público, como ya comentamos en un artículo anterior[13], ocupado y preocupado en otras cuestiones personales y de futuro, suele mostrar la máxima de las indiferencias (incluso rechazo) a estos temas, aunque llegue a comprender algunas de las reivindicaciones que se plantean. Es así, es un hecho palpable. No hay una fuerza social mayoritaria que demande atajar el problema, sobre todo, porque hacen una analogía entre víctima, Segunda República y comunismo (PCE-IU); es decir, se ha llegado al punto de que la víctima, por culpa de cómo algunos han entendido la Memoria Histórica, se ha convertido en un adversario político y electoral, independientemente de si lo desea o no, incluso si lo es o no. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Uno de los grandes déficits de la política española –algo cada vez más común en otros países- es la polarización ideológica frente a cualquier hecho: negro o blanco sin matices posibles de gris. Es decir, o se está a favor o se está en contra, y lo que es peor, o están conmigo o están contra mí. No iba a quedar al margen la Memoria, que cuenta con la oposición feroz del centro-derecha (PP, Ciudadanos), un vergonzoso despropósito (merecedor de un próximo artículo) que la Historia juzgará –esperemos- de forma implacable.

Durante 2006, el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (la más derechizada) emprendió una campaña contra el Gobierno por su negociación con ETA. Al presidente Zapatero se le recordó que su abuelo había sido fusilado por los franquistas… toda vez que se actuaba bajo el lema “Memoria, Dignidad y Justicia”.

Sin embargo, lo cierto es que hay algunos que, por exceso de pasión y de fervor con la causa –algo también muy español-, han perjudicado sensiblemente la imagen de las víctimas frente a terceros.

Por ejemplo, el mayor peligro de los símbolos en temas de Memoria es que se puede identificar y vincular a quien los porta con lo que significan y lo que representan. Cuando se imponen a una masa de gente, ésta queda supedita a esos símbolos de forma automática, entretanto, porque el objetivo periodístico se centrará más en éstos que en la gente o su discurso; nuestra mirada también, intentando explicar lo que ocurre. Los símbolos tienen el poder de atraer afines, pero son el mejor repelente contra quienes no los comparten o dudan. Parece ilógico, pero en España (y en otros países también) cuando se está ejerciendo el derecho de expresión política se puede estar perjudicando la causa que se defiende o se apoya, porque en nuestro inconsciente el concepto de lo justo y de la justicia deben mostrarse sin beneficio de parte, salvo que, claro, sea nuestra parte.

¿Pero todos saben qué significan los símbolos que portan? ¿Es buena idea colocar e imponer nuestros símbolos sobre los muertos? A nadie han pasado desapercibidos los homenajes con grandes banderas tricolores de la Segunda República, el símbolo por antonomasia que une actualmente a todas (o casi todas) las víctimas del franquismo, o incluso las banderas con los logos, siglas o anagramas de partidos políticos y de sindicatos. ¿Es oportuno o necesario dejar constancia de nuestra devoción política o ideológica cuando se trata de un tema, sobre todo, de Derechos Humanos? ¿En qué beneficia a la causa? ¿O es que se hace con el objetivo de la propaganda política? A nadie le pasa desapercibido que IU ha explotado la tricolor más que nadie; lo ha hecho casi en cualquier acto, como su bandera frente a los males que azotan España, habiendo quien ya no puede separar a la formación de los tres colores, y viceversa.

Otra cuestión importante sería preguntarse si todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo lo fueron defendiendo la República y su bandera por convencimiento o como consecuencia, o si por el contrario se trata de un símbolo, entre los muchos posibles, para defender los derechos de éstas. Sería conveniente, incluso, preguntarse si cabe la defensa de esos derechos sin portar ninguna bandera o, incluso, si cabe la posibilidad de portar otra como, por ejemplo, la bandera constitucional, y estar igualmente implicado con la Memoria Histórica.

Como nosotros, una parte importante de las víctimas eligieron libremente su bandera, aunque otras, hay que incidir en ello, no lo hicieron: o bien cayeron en un bando y en un ejército no deseado, o bien no les quedó más remedio que hacerlo ante la menos mala de las opciones. Por ejemplo, para los anarquistas y los comunistas la bandera republicana (y la Constitución de 1931) representaba sólo a la democracia burguesa[14]. Recordemos las palabras del General Miaja durante la defensa de Madrid llamando al ejército popular a defender la República, por encima de las luchas de partido, ideológicas o por la revolución.

Durante la Guerra Civil, los distintos ejércitos hacían sus propias campañas de alistamiento al margen del mando central de la República. Comunistas y anarquistas no siempre acudían al frente en defensa de ésta, sino que lo hacían en defensa de sus ideales y de sus propios símbolos de clase, ya que consideraban al Presidente y a su Gobierno como meras instituciones burguesas. La deslealtad, la falta de unidad y la multiplicidad de mandos debilitó al ejército en la defensa del país y, por tanto, junto al abandono internacional y a la falta de armas, se facilitaba la victoria de los franquistas.

La tricolor estuvo vigente hasta la disolución de la República en el exilio (21 de junio de 1977) y por eso fue adoptada por los antifranquistas y las izquierdas como un símbolo; cuando se estableció la rojigualda (heredera de la dictadura) como bandera democrática en la Constitución de 1978, conjuntamente con la monarquía parlamentaria, se convirtió además en un símbolo para la lucha por un cambio en el modelo de la jefatura del Estado, sin necesaria vinculación a República Española de 1931. Una Segunda República que gracias a las investigaciones recientes está siendo puesta en su lugar: ni ese infierno del que hablaban los franquistas, ni ese utópico paraíso al que proféticamente algunos quieren llevarnos (o regresarnos). Lo cierto es que el republicanismo es más un sentimiento contrapoder que una demanda irrenunciable si se planteara un nuevo contrato social[15].

La acción política dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera del campo periodístico y de opinión, también ha tomado la calle. Derechas e izquierdas habitualmente se manifiestan y se acusan de no defender los intereses del país y de las personas, aunque hay algunos que incluso van más allá y atacan al sistema democrático nacido en el año 1978, a pesar de que el país ha cambiado, pensamos, para bien. Es legítimo, pero ¿es responsable?

Dentro de esa política de acoso y derribo, IU-PODEMOS ha incorporado la Memoria Histórica y el ideario de algunos memorialistas-comunistas para cuestionar la Transición y el sistema constitucional español, al que acusan, nada menos, que de traición. Para ello se hace un uso deleznable de las víctimas, sus problemas y sus derechos, como ya lo hiciera el PP con la AVT y las víctimas de terrorismo contra el gobierno de Rodríguez Zapatero. La memoria les sirve para hacer oposición política y mostrar músculo con un fin claro: el titular periodístico. No siempre asociaciones y víctimas en estos asuntos van de la mano.

La brutal y sanguinaria represión franquista dejó un país atormentado, con millones de víctimas y exiliados, que merecen saber toda la vedad, sea cual sea, aunque duela, aunque sea diferente de la esperada. Una doble mentira sería una crueldad tan irresponsable como innecesaria, porque no se necesitan héroes, se necesita paz y descanso. Galerías de la Carcel Modelo. Foto de Carlos Pérez de Rozas

Otro tema clave, que debería preocuparnos y ocuparnos, es el tema de los reduccionismos históricos. Tenemos que soportar con indisimulable sonrojo las tonterías cuasi-infantiles y fuera de toda lógica que dicen algunos/as, para girar la cabeza y empezar a ver campañas de difusión con un claro objetivo ideológico-político, donde hay unas máximas incuestionables y reducidas que encajan con modelos donde el debate abierto es casi imposible.

Por ejemplo, para explicar el Golpe de Estado de 1936 hay una simplificación habitual: se vinculan las reivindicaciones políticas y sindicales de comunistas y anarquistas (aunque también de los socialistas) por la Reforma Agraria, aunque se omite sistemáticamente el expediente Picasso[16] contra los altos mandos del Ejército, o la inestabilidad y las tensiones que provocaron aquéllos a los gobiernos de centro-izquierda. Además, se borra al PSOE sistemáticamente, como si no hubiera existido, como si su acción desde el gobierno no hubiera sido esencial para poner en marcha las reformas. Es decir, hay una intención política en contar la Historia con un fin claro: la conquista del electorado actual.

Ante la manipulación evidente cabe preguntarse, en línea con la canción Corazón Loco de Antonio Machín: ¿cómo es posible que enarbolen la bandera tricolor si sus antecesores la consideraban burguesa, se defienda la acción sindicalista contra la lentitud de la República en poner en marcha las reformas, y se hagan propias esas reformas llevadas al parlamento republicano por los radical-socialistas, al tiempo que se los ningunea, y no estar loco? No es una cuestión de poliamor[17], sino el resultado de un discurso calzado de oídas, puede que repetido y transmitido sin ninguna crítica, al que ahora se añaden los avances históricos como piezas sueltas de un discurso inamovible.

La España actual nada tiene que ver con la de la Segunda República: ni la situación política, ni la económica, ni la social, ni la humana. Su importancia histórica y su programa para la modernización del país fue todo un ejemplo en su tiempo, y por eso, hay que recordarla; no obstante, el país que se enfrente a la revolución robótica quizás necesite menos agitación social y más unidad que la que hubo entonces, o incluso de la que hay hoy.

Planteaba Walter Benjamin que la Historia es de los vencedores y que éstos se la imponen a los vencidos. Quizás haya llegado el momento de matizarla, conviniendo que la Historia la escriben quienes saben y pueden, y entre éstos, quienes más interés tienen por silenciarla o en gritarla, ya sea motivados por la búsqueda de la verdad o contra la mentira, aunque es imposible hacerlo de forma omnisciente y sin empatía. Pese a ello, hay una cierta verdad de los hechos: las cosas cuantificables, las cosas que no dependen de las interpretaciones y que pasan a ser sólo números, aunque en todo caso formarán parte de conjuntos determinados por conceptos creados para la estadística.

Pues bien, el hispanista Stanley Payne ponía sobre la mesa un problema crónico: “la historiografía contemporánea española (está) anquilosada, desde hace mucho tiempo, por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política dominante”. Sobre el trabajo de Pío Moa (paradigma de la falta de rigor histórico) afirma que “su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco […] Quienes discrepen de Moa deben enfrentarse a su obra seriamente y, si discrepan, demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales”. Poco más que añadir, salvo que hace falta menos ideología y más verdad: pero una verdad separada de la corrección política (lo políticamente correcto), pues ésta conduce irremediablemente a la manipulación intencionada, adaptando los hechos al discurso, repitiendo los mismos clichés en las investigaciones históricas, en los congresos y en las conferencias, donde no hay debate porque ya se ha llegado a la Verdad más absoluta.

La ingente documentación que se custodia en los diferentes archivos debe ser conservada adecuadamente y ser accesible para los historiadores y para las víctimas, como así lo recoge la Ley de 52/2007 en su artículo 22. Hay miles y miles de expedientes inéditos que irán reportando datos para dar luz a nuestro pasado reciente.

Pero, ¿quién debe hacer y cómo el Juicio a la Historia? ¿Cualquiera? ¿También usando el fin partidista y propagandístico para convertir su acción política en heredera de tradiciones que son alteradas, manipuladas y tergiversadas? ¿Quién dice qué es la verdad histórica? ¿Existe la verdad histórica? ¿Existe una única verdad o hay varias posibilidades? ¿Por qué se omiten cosas?

Para poder asumir y enarbolar banderas del pasado hay que hacerlo con rigor. Por ejemplo, cuando algunos militantes o dirigentes del PCE-IU, en el libre ejercicio de su derecho de opinión, alaban la resistencia antifranquista y a los maquis, deberían saber qué piensa uno de los pocos maquis que siguen vivos, D. Francisco Martínez-López:

«Miembro activo del Partido Comunista de España desde 1944, he sido primero activista desde mis once años en los servicios de información republicana y enlace del movimiento de la Federación de Guerrillas de León Galicia. He luchado como guerrillero en la segunda agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia León desde 1947 hasta 1952, fecha en la que pasé al exilio en Francia. Secretario general del PCE en Francia de 1977 a 1990, miembro del Comité Central de 1983 a 1991: fiel a mis principios comunistas nunca he cesado, desde entonces, de militar en mi agrupación, en Francia y otra vez en España. Por todas estas razones me siento hoy con la autoridad política y moral para pedir a mi partido -el PCE- que reconozca públicamente los repugnantes métodos que utilizó durante los años de la guerrilla antifranquista y que rehabilite a quienes los padecieron y particularmente a las víctimas de las ejecuciones sumarias impuestas por la dirección del partido. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar aún para que lo haga?»[18].

Manolo, Jalisco, Quico y Atravesado, los ulitmos guerrilleros de la Federación, tras el exilio en 1951. Fuente: Diaro Público

San Agustín afirmaba que «la gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y desidiosa para corregir la suya propia». Porque, es muy sencillo (y necesario) exigir al Estado Democrático actual que asuma las culpas del Régimen Franquista y no atender a las demandas de Quico o de las otras miles de víctimas de pistoleros y verdugos comunistas, que actuaban fuera de la legalidad republicana, y por ende contra ésta. Como diría el refrán, «una cosa es predicar y otra dar trigo»[19].

Y en todo este desorden y estado de manipulación, ¿qué pasa con las víctimas? Ahí siguen, mirando cómo algunos las usan para rescatar algunos votos y mantener unido el partido (PCE-IU-PODEMOS), y como otros van tan desesperadamente lentos que para algunos el tiempo se acaba (PSOE). Algunas víctimas temen que según la legislación española, este asunto en 19 años dejará de ser un asunto de Derechos Humanos para serlo meramente histórico[20]. Es la preocupación de muchos, pero, ¿es que acaso prescriben los delitos de lesa humanidad?[21] Pues no.

Importa, cuando se tratan de torturas, juicios irregulares y asesinatos, el tiempo que dista desde que se cometieron los crímenes, la custodia y la conservación de las pruebas, mayoritariamente en los archivos, y que pueda garantizarse la independencia de los informes periciales a tenor de su rigor científico; pero, ¿qué ocurre cuando la mayoría de los verdugos y/o responsables no siguen vivos, al igual que tampoco las víctimas ni sus familiares directos? Hay quien cree que, a pesar de la tipología jurídica, es un tema sobre el que caben juicios de carácter histórico, pero no judiciales, pues consideran que han prescrito como otros tantos cometidos en el pasado. Otros consideran que, si bien el Estado tiene la obligación de devolver los cuerpos a los familiares, el asunto debe circunscribirse a lo privado, como un tema de estricta policía mortuoria. Hay miles de formas de ver el asunto, por eso lo mejor para todos es que se cumpla la Ley, sin más.

¿Autocrítica? ¿Todo se ha hecho bien? ¿Se hace bien? ¿Con qué verdad quedarse? Vistas las consecuencias desastrosas al mezclar víctimas, política de partido y derechos humanos, ¿por qué no atajar el problema sólo desde la perspectiva de la legalidad internacional? Algunos no van a hacerlo, pues no sólo se consideran portavoces de la Verdad, sino fuente de conocimiento y de Justicia para muchos. Son eso, los personalismos, los egos incontrolados, el uso y la manipulación de la Historia, la causa principal del desprestigio en el que están cayendo las víctimas. Hay que sacarlas del cenagal al que algunos la han llevado, voluntaria o involuntariamente. Esperemos que así sea.

Representación de las víctimas del franquismo en Sol, Madrid. 2013 | Xanti Fakir

[1] PRESTON, PAUL. El Holocausto español. Debate, Madrid, 2011.

[2] JABOIS, MANUEL. El valle de las víctimas. Publicado el 09/05/2016 en Cadena SER.

[3] ROMERO, JUANMA. 23F: El golpe que vacunó la democracia española. Publicado el 20/02/2012 en Diario Público.

[4] SAINZ, KARINA. Ian Gibson: El PSOE de Felipe González fue cobarde y no se atrevió con la memoria histórica. Publicado el 25/03/2017 en Vozpopuli.

[5] DÍEZ, ANABEL et al. Los recuerdos del primer Gobierno de Felipe González. Publicado el 22/10/2002 en El País.

[6] GUTIÉRREZ, VERA. Retrato de un presidente en 20 leyes. Publicado el 3/4/2011 en El País.

[7] CADENA SER. Rafael Hernando: “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”. Publicado el 22/22/2013.

[8] CHIENTAROLI, NATALIA. Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica. Publicado el 28/8/2014 en El Diario.

[9] REUS, CARLOS. BBVA señala a Zapatero como el culpable de “una crisis sin precedentes”. Publicado el 14/3/2014 en Qué.

[10] EUROPA PRESS. El Gobierno elimina el presupuesto de la Memoria Histórica. Publicado el 29/09/2012 en El Mundo.

[11] VOZ PÓPULI. 5 años del 15M: ¿existiría Podemos sin el movimiento de los indignados? Publicado el 15/5/2016 en Voz Pópuli.

[12] EFE. Josep Oliu propone crear “una especie de Podemos de derechas”. Publicado el 25/06/2015 en El Periódico.

[13] ARANDA LÓPEZ, FERNANDO. Memoria Histórica en España: víctimas de segunda. Publicado el 26 de julio de 2015 en Mito | Revista Cultural.

[14] JULIÁ, SANTOS. República y Guerra Civil en España: 1931-1939. Espasa Libros, Madrid, 2006.

[15] ESPARZA, PABLO. ¿Qué fuerza tienen los republicanos en España? Publicado el 02/06/2014 en BBC Mundo.

[16] VV.AA. El Expediente Picasso: las sombras de Annual. Almenara Ediciones, Madrid, 2003.

[17] LA VANGUARDIA. El poliamor: cómo querer a dos a la vez y no estar loco. Publicado el 16/08/2013 en La Vanguardia.

[18] MARTÍNEZ-LÓPEZ, FRANCISCO. Ese pasado que no tiene que caer en el olvido. Carta abierta de un comunista a la dirección de su partido. Publicado el 16/06/2016 en ElDiario.es

[19] Según el Centro Virtual Cervantes, se explica como que resulta más fácil dar consejos que practicar lo que se aconseja.

[20] Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. «BOE» núm. 155, de 29/06/1985.

[21] LANDA, JON-MIRENA. Nuevos crímenes contra la Humanidad: el nuevo delito de Lesa Humanidad (Artículo 607Bis CP 1995) desde una perspectiva intrasistemática. Publicado en dic/2003 en Eguzkilore.