¿Y mi ciudadanía?

Repensando políticas lingüísticas hacia una educación inclusiva e intercultural

México, al ser un país multilingüe, se enfrenta a la ardua tarea de crear leyes y políticas sociales que permitan a todos sus ciudadanos, sin importar sus antecedentes lingüísticos, ejercer los mismos derechos. ¿Cuáles son las perspectivas en dicho ámbito?

Resulta interesante el cuestionamiento de si todos los miembros de una nación pueden catalogarse como verdaderos ciudadanos atendiendo no solo a las diferencias sociales sino también lingüísticas. El hecho de que una persona tenga como lengua materna un idioma diferente al que las leyes del país catalogan como el oficial, crea un conflicto de intereses que subyace no sólo en la cuestión del individuo como ente social sino que en ocasiones traspasan las barreras de lo cultural o de lo que incluso puede considerarse como legal. México es una de aquellas naciones que aún lucha por establecer políticas nacionales que contemplen en todas las esferas sociales su vasta diversidad lingüística. En teoría, es posible que los ciudadanos con antecedentes indígenas puedan ejercer los mismos derechos que los mexicanos que solo son hispanohablantes. ¿Es esa la realidad? Hagamos un poco de historia.

Al terminar la Revolución Mexicana, las políticas educativas instauradas por el gobierno consistieron en “mexicanizar” a los sectores de la población indígena a través del uso del español como el idioma oficial de la nación. Trazos de dicha política los encontramos reflejados en algunos documentos legales elaborados durante aquel periodo tal como la Ley de Instrucción Rudimentaria, expedida en 1911. Dicho estatuto buscaba la asimilación de los sectores indígenas y describía sus culturas como rezagadas; por lo que el primer movimiento hacia su progreso se centró en la enseñanza del español. Más adelante, durante 1913 se intentó poner en marcha el programa de Educación Integral Nacionalista que pretendía aplicar la enseñanza del español de una manera más directa y concienzuda sobre las comunidades indígenas; ya que, según su visión, solo así era posible para ellos alcanzar la categoría de verdaderos ciudadanos nacionales.

Para el año de 1925 se funda la Casa del Estudiante Indígena, ubicada en la Ciudad de México. Dicha institución fue concebida con el objetivo de incorporar jóvenes indígenas al sistema educativo. Sin embargo, los objetivos primarios del proyecto no se lograron puesto que los estudiantes que se pretendía que funcionaran como agentes de cambio en sus comunidades ya no volvieron a ellas. Posteriormente, durante 1939 se crea el Proyecto Tarasco el cual comprobó la efectividad del método indirecto de mexicanización a través del proceso de alfabetización en lenguas indígenas. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, por primera vez, reconoció al individuo de origen indígena como un ser social capaz de integrarse a la nación mexicana sin incurrir en la pérdida de su bagaje cultural.

No obstante, posterior a estos intentos de unificación de todos los grupos lingüísticos y sociales, se generó un periodo antagonista a la educación bilingüe y al reconocimiento de la diversidad intercultural del México contemporáneo. Así, se prohibió a los niños que asistían a la escuela de educación básica, el hablar en sus lenguas maternas. El anteriormente mencionado Proyecto Tarasco se canceló y la política lingüística a favor del sector indígena se enfrentó a diversos obstáculos. En 1948, se crea el Instituto Nacional Indigenista y se fundan los Centros Coordinadores Indigenistas. Pero no es sino hasta 1963 que la Secretaría de Educación Pública presenta una política de educación bilingüe, retomando así las metas del Proyecto Tarasco. Sin embargo, debido a errores serios relacionados con la preparación profesional de los organizadores, así como a cuestiones de corrupción, sucedió que los requisitos fueron cumplidos por los aspirantes en pocos y muy puntuales casos.

En 1983, durante el mandato de Miguel de la Madrid se establecieron los fundamentos teóricos de la educación indígena dando paso a un nuevo modelo de educación llamado “Educación Indígena Bilingüe Bicultural”.

Este resulto ser un plan ambicioso que tenía en cuenta la multiculturalidad de México. Aún así, no se logró poner en marcha debido a que tuvo muchos actores reluctantes, primordialmente los profesores amparados por los sindicatos, quienes generaron una cadena de inconformidades que desembocó en la derogación de la propuesta. Posteriormente en 1993, en la Ley General de Educación se mostró la necesidad de impulsar la instrucción en lenguas indígenas pero el programa se vio en falta de un proyecto académico que conjuntara todos los aspectos metodológicos y curriculares.

Miguel de la Madrid

En el siguiente periodo presidencial se emitió el Programa de Desarrollo Educativo. Los objetivos que constituían este plan eran la igualdad, la eficacia y la congruencia de la educación. Fue el primer documento en materia de educación que consignó un apartado específico dedicado a los sectores indígenas. Irónicamente, para este tipo de ciudadanos no se diseñó un modelo educativo congruente con las bases de la educación indígena.

Llegamos al año 2000, en el que sobresale el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 que en lo concerniente a educación indígena crea la Educación Intercultural Bilingüe y más tarde funda la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. En la propuesta se incluyeron cambios esenciales entre los que se subraya que los pueblos indígenas existen como individuos capaces de intervenir en la política y capaces de representar los intereses concernientes a sus etnias.

Finalmente, en el año 2003 se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. LA cual en el artículo 11, establece que los miembros de las comunidades indígenas tienen derecho a ser instruidos en su lengua materna durante la educación básica. Así, la Ley General de Educación en su Artículo 7º, fue modificada al decir que se debe: “promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”.

Niños chatinos, del sur de Oaxaca (México). Yavidaxiu

Por todo lo anterior, es necesario preguntarse ¿cómo afronta o solventa el asunto de la ciudadanía el gobierno mexicano en un contexto intercultural y multilingüe? En esta búsqueda del reconocimiento de ciudadanía no es suficiente con mencionar derechos y obligaciones establecidos en las instancias jurídicas. Tampoco es necesario que el gobierno supervise que todos sus ciudadanos lleven a cabo sus responsabilidades y obligaciones, y que a su vez los ciudadanos vigilen al gobierno para que legitime las condiciones para ejercer sus derechos. Y es aquí precisamente, en donde la diversidad étnica, lingüística y cultural se presenta como un obstáculo en vez de tenerse como un patrimonio nacional.

El gobierno mexicano ha construido el concepto de lo nacional partiendo de una estructura de tipificación que supone inclusión y exclusión. Como ya hemos mencionado anteriormente, muchas de las políticas educativas y lingüísticas tienen como objetivo la creación de una nación homogénea. Así, la educación indígena bilingüe en México puede ser vista a través de algunos modelos pre-establecidos: una educación bilingüe, una educación bilingüe bicultural o una educación bilingüe intercultural, diferenciándose cada una por la inclusión de la diversidad que abarca ya sea vista como dificultad o como medio.

Sin embargo, en este enfoque hay otra cuestión que no debemos pasar por alto. Dicha cuestión tiene que ver con las representaciones culturales en que los grupos que confluyen en un mismo ámbito político pueden hacer suyos tanto los derechos como las responsabilidades. Así pues, sabemos que la mayoría de los individuos están profundamente relacionados a su propia cultura y tienen un interés en conservar dicho lazo. Lo interesante del asunto es saber cuáles son los requerimientos específicos que prueban ese interés, con el conocimiento de que en un mundo con obstáculos y recursos escasos no se pueden satisfacer todas las exigencias. Hemos de tener en cuenta que el proteger la identidad cultural de una persona envuelve costos para otros individuos, por lo que resulta indispensable establecer cuándo resultan justificados los convenios entre las diversas partes. Así pues, la educación para la ciudadanía en el contexto multicultural se relaciona más con la reconstrucción de un sistema ético y político que pueda poner en marcha el derecho a la equidad con el reconocimiento de la diversidad. Por tanto, la educación intercultural supone tener como meta primordial el educar no solamente en los salones de clase, sino también educar en el ámbito social con el objetivo de establecer ciudadanías interculturales.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oliver Contreras/Eddie Arrossi Photography

Por todo lo anterior, podemos concluir que la educación en México ha intentado ir de la mano con la construcción de una ciudadanía. No obstante, con el objetivo de promocionar una educación diferente a la de los siglos anteriores necesitamos partir de un nuevo paradigma de ciudadanía que reconozca la noción sobre un México diferente, la necesidad de una diversidad sociocultural en un mundo globalizado que pone en riesgo las identidades particulares, y que requiere la creación de un concepto de inclusión que, sin depreciar las funciones del gobierno, promueva un modelo de ciudadanía diferente.

Una de las metas que debería fijarse para la educación intercultural sería el apoyar la generación de una nueva ciudadanía, es decir, ir más allá de los modelos anteriores que en su mayoría se enfocaron en alfabetizar y educar a los grupos indígenas para convertirlos en ciudadanos mexicanos, un modelo que no obstaculice el desarrollo del país sino más bien que favorezca su avance. La educación intercultural tiene que ser más ambiciosa y no limitar su ámbito de acción a la escuela y a las aulas. Tendría que incidir directamente en acciones que organicen las instituciones y autoridades educativas en pro de la generación de ciudadanos con identidades heterogéneas pero que preserven valores comunes que favorezcan la convivencia y la cohesión social.

Para México se acerca el tiempo de dejar de lado el hecho de que la condición de un ciudadano se establezca por su pertenencia a un determinado grupo lingüístico, étnico o cultural.

Imagen de portada: Close Your Eyes. Open Your Heart. Eneas de Troya

Para saber más…

• Conflicto intercultural, Educación y Democracia Activa en México. Ciudadanía y derechos indígenas en el movimiento pedagógico intercultural bilingüe en Los Altos, la Región Norte y la Selva Lacandona de Chiapas. María Bertely Busquets. 2007. CIESAS y RIDEI. Fondo Editorial-CIESAS, México.
• Líneas de Investigación en Educación Intercultural. Coordinación General De Educación Intercultural Y Bilingüe/ Secretaría de Educación Pública. 2008. Dirección de Investigación y Evaluación, CGEIB-SEP, México.
• Los pueblos indígenas de México. Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez. 2004. 100 Preguntas, UNAM, México.
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México. SEP-Poder Ejecutivo Federal.
• Política pública y educación indígena escolarizada en México. Héctor Muñoz Cruz. 1999. en Cadernos CEDES vol.19 n.49 Campinas, Brasil.
• Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México. SEP-Poder Ejecutivo Federal.
• Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México. SEP-Poder Ejecutivo Federal.