La segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Un panorama de las implicaciones

Cuestionamientos sobre la naturaleza y funcionamiento del Estado mexicano

Con la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera de una prisión de máxima seguridad en México en julio de 2015, se dio un tsunami de reacciones que criticaban al gobierno mexicano y analizaban las condiciones de la fuga. A continuación se muestra un panorama de las críticas acerca de y las implicaciones derivadas de la fuga de este capo líder del cártel de Sinaloa.

Como mexicano, estando yo en el extranjero en el momento en que se hizo pública la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa y uno de los jefes del crimen organizado más poderosos de México y en cierta medida de toda la región latinoamericana, dos pensamientos vinieron a mi mente. El primero fue que ya había contemplado como altamente probable este escenario desde el momento de su captura, y no me sorprendió verlo anunciado en varios medios. El segundo era que este acontecimiento simbolizaba una verdadera vergüenza para el Estado mexicano (incluida va, por supuesto, la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto).

Hay muchos problemas con esta segunda fuga de “El Chapo” (la primera siendo durante la administración de Vicente Fox), y no se reducen simplemente a las repercusiones de que uno de los líderes del crimen organizado ande en libertad nuevamente. El problema central radica en que esta segunda fuga evidencia las grandes fallas del Estado mexicano, y son fallas multidimensionales que no sólo tienen que ver con la fallida guerra contra el crimen organizado, sino con la naturaleza y el funcionamiento de un Estado que, en muchos sentidos, es incapaz de operar exitosamente para mantener la vida y la integridad de la población que reside en él.

Este artículo se dedica a examinar las circunstancias de esta segunda fuga de “El Chapo”, pero no se limita al análisis de las condiciones de la fuga misma. El panorama es más amplio: basado en comentarios de varios intelectuales mexicanos, examina las condiciones estructurales que permiten que una segunda fuga haya sido posible y hace un comentario sobre la estrategia de seguridad. Además, muestra otras áreas en las que esta fuga tiene repercusiones y cuestiona la naturaleza y el funcionamiento del Estado mexicano.

Private Investor Improves Basic Infrastructure in Mexico. Mike Licht

Como resumen, la fuga de “el Chapo” ocurrió la noche del sábado 11 de julio, del Penal Federal del Altiplano 1, la prisión con máxima seguridad del país. Se sabe que escapó por medio de un túnel que estaba en el área de las regaderas. Pero la construcción misma del túnel fue un aspecto que llamó la atención. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? La entrada al túnel era de 50cm x 50 cm, suficientemente visible al ojo humano desde una distancia de varios metros. De allí se pasa a un conducto que tiene una escalera para facilitar la subida y bajada de personas, que descendía 10 metros hasta llegar a un túnel de 1.7 metros de altura y 1.5 km de longitud. La sofisticación del túnel, con ventilación, iluminación eléctrica e incluso rieles adaptados para una motoneta, habla de una construcción bien planificada y hecha por técnicos de la construcción. Ahora bien, surge la interrogante de si dicha construcción no fue escuchada por ningún guardia o miembro de seguridad de la prisión. Que pueda hacerse una construcción de esa magnitud y que “El Chapo” pueda usarla como salida habla de la complicidad de al menos varios empleados del Penal Federal del Altiplano, así como de la influencia que tiene “el Chapo” y de la posibilidad que tenía de coordinar a personas fuera del lugar estando allí encerrado. En otras palabras, la manera en que escapó muestra un elemento de corrupción operativo, tanto de personas internas como externas al Penal (incluido el apoyo del otro líder del cártel, Ismael Zambada, quien se encontraba libre), para lograr una exitosa fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Si bien las dimensiones técnicas y circunstanciales del Penal Federal del Altiplano 1 son importantes en el análisis del escape, también hay que mencionar lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Las dos personas en el gobierno más importantes en México, el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se encontraban en un viaje a Francia. Esto, como comenta Álvaro Delgado (2015, julio 22), es una violación a la ley, puesto que el Secretario de Gobernación tiene prohibido salir del país en ausencia del primer mandatario por cuestiones de gobernabilidad[1]. La coyuntura en la que este hecho atrapó a la administración del presidente Peña Nieto, resaltando en este caso una violación a la ley, evidencia la falta de interés que tiene esta administración para gobernar con responsabilidad y por el bien común de los ciudadanos. Esto es particularmente grave cuando hay indicios que señalaban una posible fuga días antes del escape de “el Chapo”, ya sea por los mensajes en las cuentas de las redes sociales de sus familiares, o incluso desde meses antes cuando la DEA informó que se planeaba una operación que pusiera nuevamente en libertad a Joaquín Guzmán[2]. Estos hechos aparecen entonces como una ilustración de la desestimación de información y la prepotencia por parte de los gobernantes que se traduce en una falla para tomar medidas adecuadas de seguridad.

La discusión sobre seguridad no se debe limitar a las medidas técnicas vigentes en los centros penitenciarios y en este caso en una prisión federal. El enfoque aquí debe expandirse a la estrategia general, y en mi opinión fallida, de seguridad. Tomando la línea argumentativa de Sergio Aguayo (2015, julio 13)[3], la estrategia de seguridad en el combate contra el crimen organizado, formalmente iniciada en el sexenio de Felipe Calderón pero que tiene sus raíces en la década de los 70’s, no puede ser exitosa mientras carezca de dos elementos: un enfoque regional y una aproximación integral. En cuanto al enfoque regional, se refiere a esfuerzos coordinados de cooperación de varios gobiernos en la Cuenca del Caribe. En particular se refiere a esfuerzos genuinos por el control del tráfico de armas y una verdadera discusión regional sobre la cuestión de las drogas y la potencial descriminalización de las mismas. La aproximación integral, en cambio, se refiere a esfuerzos multidimensionales en la estrategia. No es suficiente con atacar a las cabezas de los cárteles, lo que produce fragmentación y peleas internas, pero que deja grandes estructuras operativas intactas. Lo esencial en ello es el ataque a la corrupción que le permite a “el Chapo” operar desde las prisiones como si nada hubiera pasado. De lo contrario, el crimen organizado se seguirá fortaleciendo porque la corrupción endémica del sistema político mexicano es lo que permite su infiltración en las instituciones del Estado.

Cierre de Campaña. Eneas de Troya

La estrategia de seguridad también debe discutirse desde dos ópticas más: la violencia desatada y la estrategia como un peligro al proceso de democratización. Desde el inicio de la Guerra durante la administración calderonista, la violencia se ha desatado en olas periódicas (o, en el caso de algunas entidades federativas, podrían denominarse tsunamis) en varias partes del país. Algunos ejemplos: la violencia desmedida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo 2008-2011, con personas colgadas en puentes y con mensajes de amenaza. La zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, 2009-2012 aproximadamente. El estado de Veracruz, con varios periodistas asesinados y varias partes con una simbiosis de crimen organizado y políticos corruptos ejerciendo control hasta el día de hoy. Y por supuesto, los tres estados que continúan siendo el dolor de cabeza del gobierno: Michoacán con las autodefensas y cárteles fragmentados, Guerrero con una penetración amplia del crimen organizado en la clase política y Tamaulipas con asesinatos, secuestros y tiroteos en sus carreteras y vías públicas. El manejo de esta violencia es muy cuestionable: incrementar operativos, implementar puntos de revisión arbitrarios, implantar un gobierno alterno de facto al democráticamente electo[4]. Estas medidas se justifican con la intención de reducir la criminalidad, pero lo que en realidad logran es aumentar el poder del gobierno e incrementar prácticas autoritarias: se justifica la represión contra los ciudadanos o se les equipara con elementos que generan desorden y desestabilidad[5]. Las potenciales consecuencias en este contexto son un fortalecimiento del Estado autoritario y la potencial implantación de un “Estado de excepción” donde las garantías individuales se suspenden para lidiar con la criminalidad; en esencia, la violencia desmedida justifica los retrocesos en el proceso de democratización en México.

Con este contexto en el tema de seguridad, se puede entender el éxito de “el Chapo” en Sinaloa y el funcionamiento de su cártel. A diferencia de otros cárteles, el cártel de Sinaloa no se caracteriza por abusar de la ciudadanía y beneficiarse en perjuicio de ella. De acuerdo con David Pérez Esparza (2014, febrero 23)[6], una de las claves de la longevidad del cártel de Sinaloa es su negativa a practicar la extorsión y el secuestro indiscriminado hacia la población. En cambio, sus objetivos radican principalmente en el negocio del narcotráfico, aunque respaldado por la violencia en última instancia. Asimismo, en Sinaloa “el Chapo” ha sabido obtener apoyo social en Sinaloa ya sea por financiar proyectos de infraestructura vinculados a las operaciones criminales, otorgar empleos ligados a la organización o por proporcionar beneficios a las personas en situación de precariedad que deciden apoyarlo. En otras palabras, “el Chapo” ha sabido explotar los lugares donde hay un vacío de Estado, donde el gobierno no interviene por falta de recursos o interés, y son en estos lugares donde la organización criminal de Sinaloa puede proporcionar una alternativa llamativa para personas en condiciones de pobreza o desesperación.

Segundo Aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Eneas de Troya

A partir de esto conviene hacer un comentario sobre el funcionamiento del Estado mexicano a un nivel más general. La fuga de “el Chapo” no sólo revela las grietas del sistema, también muestra varias fallas macro-estructurales. Por ejemplo: la estrategia de seguridad falla, y deja enormes daños colaterales, por el desinterés de promover una visión de seguridad humana y que se construya desde abajo, desde los cimientos sociales. La aproximación del gobierno, de atacar a la criminalidad con las armas, con violencia, con fragmentación, con una aproximación dura, de mando jerárquico, e impuesta desde las cúpulas políticas, solo fomentará más violencia. Para la ciudadanía, las condiciones de criminalidad o el simple hecho de desconocer quién conoce tu información y qué puede hacer con ella generan un ambiente de desconfianza. En un país donde 70% de la población indica que no se puede confiar en la mayoría de las personas y 75% desconoce quién le puede ayudar a protegerse en caso de un agravio[7], brindar seguridad es algo inalcanzable a menos que se ataque también este problema. Se necesita una reconstrucción del tejido social y la generación de capital social. Proyectos no son pocos: asambleas ciudadanas de los habitantes de las colonias, organizaciones no gubernamentales que vinculan instituciones específicas con personas que las necesitan, asesoría legal gratuita, e incluso centros comunitarios donde se impartan actividades recreativas y de aprendizaje para la actividad económica local. Todas estas iniciativas son de valorarse, aunque también es importante señalar que un verdadero compromiso por parte de la población, un diálogo y apertura por parte de la ciudadanía y un empoderamiento de la misma son necesarios para fortalecer este tejido social y las condiciones de seguridad. De lo contrario, estas iniciativas solo funcionarán como esfuerzos paliativos, no como pilares de estabilidad y paz en el territorio.

La economía del país también empeora las condiciones sociales, lo cual a su vez facilita que se den las condiciones en las cuales el crimen organizado pueda operar con facilidad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza en México aumentó en dos millones de personas entre 2012 y 2014, es decir, desde el final de la administración de Felipe Calderón hasta el final de los primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto[8]. Esto ha ocurrido a pesar, o quizá en consecuencia, de las reformas estructurales y que se suponía llevarían a un mayor crecimiento económico y mayor riqueza para la población. En su lugar, lo que se ha visto es una reducción del ingreso real en 3.5%, lo cual afecta a los sectores más pobres de la población mexicana en lo referente a transporte, alimentación y calidad de vivienda, entre otros aspectos. A esta situación se le añade la profunda desigualdad en México: de acuerdo con un reportaje de Oxfam, el 1% de la población mexicana concentra casi la mitad de la riqueza del país, con al menos 17 millones de mexicanos careciendo de los ingresos necesarios para completar la canasta básica[9]. Que el Estado mexicano sea incapaz de, o no tenga interés de, considerar a los sectores en pobreza o marginación social para asegurarse de mejorar sus condiciones de vida habla de una falla sistémica que se ha profundizado desde la implantación de políticas neoliberales en México. Ante este panorama, no es difícil entender por qué el crimen organizado puede representar una opción atractiva, en especial para los jóvenes sin educación ni empleo. Por supuesto, es necesario aclarar que ni la pobreza ni la desigualdad son indicadores de criminalidad, así como tampoco causas directas de la entrada al crimen organizado. Sin embargo, es innegable que estas condiciones sí permiten a ciertas formas del crimen organizado, como el cártel de Sinaloa, aprovecharse de las carencias de la gente y de la falla del Estado en la economía para operar con impunidad y ganarse el apoyo de algunos sectores.

Quizá el mayor problema de todos, y el cual afecta directamente a la estrategia de seguridad y permitió a Joaquín Guzmán Loera escapar, es el de la corrupción endémica en México. La corrupción en México es un tema bastante amplio y que daría para libros detallados sobre sus características. Me limito aquí a presentar algunas declaraciones y su impacto en el funcionamiento del Estado mexicano. De acuerdo con un estudio del Índice Global de Impunidad, México es uno de los 5 países con mayor impunidad de 59 analizado en el estudio, con “Exceso de policías, falta de jueces, un sistema penitenciario deficiente donde 46% de los presos no tiene sentencia, con rangos muy altos de ejecuciones extrajudiciales sin castigo, así como corrupción” (Villamil, 2015, julio 21)[10]. Lorenzo Meyer, uno de los historiadores más importantes de México, cuestionó si la fuga de “el Chapo” evidencia no solo una crisis de régimen y de gobierno, sino también de Estado. Su razonamiento fue que las instituciones, en este caso la institución carcelaria, no sirven para nada y se encuentran inefectivas debido a la corrupción. Asimismo, Sergio Aguayo afirma que la fuga del Chapo apunta a una crisis de Estado, a una crisis estructural donde el sistema deja claro que ya no funciona para el bien de la población, y donde la corrupción es sólo un elemento de los problemas sistémicos, con la pobreza y la desigualdad como otros elementos tóxicos en el Estado mexicano. Con respecto a este tema, Leonardo Curzio ofrece la crítica más fuerte, diciendo que la corrupción opera como una enfermedad autoinmune que paraliza al Estado, y en este caso particular al aparato de seguridad nacional, que elimina toda autoridad moral del Estado mexicano y que es un problema tan arraigado que opera en todos los niveles de gobierno[11]. Para María Amparo Casar, la corrupción es un problema que debe concebirse también desde la óptica de la seguridad nacional, junto con la impunidad. Son estos problemas, señala, los que han derrotado al sistema de procuración de justicia y dominan el territorio nacional[12]. Lo que todas estas perspectivas señalan es que la corrupción y la impunidad sistémicas en el Estado mexicano vuelve a sus instituciones incapaces de funcionar adecuadamente, y por lo tanto, la estrategia de seguridad está condenada al fracaso mientras no sean combatidas a profundidad y con la responsabilidad y determinación debidas.

No a la corrupción política. ElIndignado653

Un último ángulo que es necesario considerar es el de la soberanía nacional. Ya desde el momento de su captura, existían presiones de Estados Unidos para extraditar a Joaquín Guzmán. Esto tiene dos enfoques: el enfoque simbólico y el pragmático. El simbólico consiste en los mensajes que se mandan entre México y Estados Unidos, quien fue el otro Estado con mayor interés en este asunto. Aunque el mensaje explícito era que tenía que cumplir con condenas allá por los crímenes vinculados a él en territorio norteamericano, el verdadero mensaje era la desconfianza del gobierno de Estados Unidos hacia el de México sobre su capacidad de mantenerlo en prisión, bajo la custodia adecuada. La negativa del gobierno mexicano para extraditarlo, bajo la justificación de que aquí era donde tenía que cumplir con su sentencia, conllevaba también el mensaje de que México era capaz de manejarlo y ejercer su soberanía. La fuga de “el Chapo”, entonces, no es más que un mensaje claro del fracaso de ejercer esta soberanía, pues ha quedado claro que las instituciones penitenciarias y de procuración de justicia no sirven, incapacitadas por la corrupción. Aunque las consecuencias desde su fuga, el mensaje de México hacia Estados Unidos es el de una soberanía mínima, casi inexistente, pues aparentemente no es posible asegurarse de la correcta vigilancia de un preso de alto perfil en el territorio nacional. Pero el aspecto pragmático también está operativo: aún ante una posible recaptura del líder del cártel de Sinaloa y ante la vergüenza nacional que representó su segunda fuga, es improbable que se acepte su extradición. La razón es la siguiente: “el Chapo” muy probablemente posee información sensible para la seguridad nacional, y por lo tanto, pertinente a la soberanía de México. Que un criminal de tan alto perfil esté en manos de Estados Unidos implicaría el riesgo de filtración de esta información. Por ello, la administración que logre capturarlo nuevamente (si es que esto ocurre) muy probablemente lo mantenga en territorio nacional, o incluso, decida ejecutarlo para evitar que se filtren secretos que pongan en peligro la soberanía.

En resumen, esta segunda fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera no es simplemente la fuga de un criminal de una prisión. Es, en cambio, un síntoma de varias problemáticas del Estado mexicano. Sí, la capacidad operativa de “el Chapo” desde la prisión es sorprendente, y su fuga una obra de coordinación de elementos internos y externos al Penal Federal. Pero esto evidencia las grandes estructuras del crimen organizado y su facilidad operativa. También evidencia que la estrategia de atacar a las cabezas de los cárteles no funciona, porque esto deriva en fragmentación y violencia o bien, en las fugas o en la continuación de las operaciones de los líderes del crimen organizado que siguen con vida. Lo fundamental a cuestionar con esta fuga es el funcionamiento del Estado mexicano. Lo expuesto aquí evidencia que las instituciones y las macro-estructuras no están funcionando, o lo hacen de una manera que perjudica a la población mexicana. Hay quienes podrían decir que México se está aproximando a un “Estado fallido”. Si bien esto tiene connotaciones políticas en las Relaciones Internacionales y todavía no reúne las características completas para denominarse como tal, es innegable que el Estado sí muestra una severa incapacidad para cumplir con varias de sus funciones esperadas. Más que “Estado fallido”, lo que se presenta aquí es un Estado nocivo, débil y disfuncional, favoreciendo a quienes saben explotar los huecos del sistema y perjudicando al resto. Lo necesario es un cambio sistémico profundo, y sobre todo, un combate directo y transparente a la corrupción que inmoviliza a México.

Imagen de portada: Mexican drug kingpin Joaquin El Chapo Guzman escapes again. Day Donaldson

[1] Delgado, A. (2015, julio 22). La fuga de “El Chapo”, en un día sin gobierno. Revista Proceso [Reportaje Especial]. Edición 2020, semana del 19 de julio de 2015. Fragmento en línea.

[2] Caldwella, A. A. (2015, julio 13). DEA sabía las intenciones de fuga del Chapo. El Economista.

[3] Aguayo, S. (2015, julio 13). El Chapo Guzmán y Enrique Peña Nieto por Sergio Aguayo. [Transmisión de video digital]. Programa de Educación Digital/Colmex Digital. El Colegio de México. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[4] Con esto me refiero al caso de Alfredo Castillo en Michoacán, enviado por el gobierno federal para atacar al crimen organizado. Con cuestionable éxito, también se pudo ver que su presencia allí funcionaba como la de un gobernador de facto, manejando a las instituciones del estado como mejor le parecía y sin tener que justificar sus acciones a nadie excepto a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia.

[5] Rodríguez García, A. (2014, noviembre 18). Peña denuncia complot; “quieren desestabilizar a mi gobierno”, acusa. Revista Proceso [edición digital]. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[6] Pérez Esparza, D. (2014, febrero 23). Chapo Guzmán, CEO. Revista Nexos. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[7] Pérez Silva, C. (2014, junio 17). Desconfianza generalizada entre los ciudadanos: INE. La Jornada [versión en línea]. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[8] Flores, Z. (2015, julio 23). Dos millones más de mexicanos se sumaron a la pobreza en 2014. El Financiero. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[9] Langner, A. (2015, junio 24). En manos del 1% de la población, casi la mitad de la riqueza del país. El Economista. Obtenido el 23 de julio de 2015.

[10] Villamil, J. (2015, julio 21). México, entre los 5 países con mayor impunidad: IGI. Revista Proceso. Obtenido el 24 de julio de 2015.

[11] Instituto Politécnico Nacional. (2015). Primer Plano [Programa de televisión]. Once TV. Emisión del 13 de julio del 2015. Mesa redonda con Lorenzo Meyer, Leonardo Curzio, Sergio Aguayo, y Francisco José Paoli Bolio.

[12] Casar, M.A. (2015, julio 15). El túnel de la deshonra. Excelsior. Obtenido el 23 de julio de 2015.